Venezuela – Libertad de Prensa: Informe de Octubre de 2007 de la S.I.P.

La libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el que gobierno intenta suprimir definitivamente.

Con el control y subordinación de todos los poderes del Estado a sus designios totalitarios, el presidente Hugo Chávez ha venido atropellando e interpretando a su conveniencia derechos constitucionales (sentencias 1.013 en el año 2001 para restringir la libertad de expresión y 1.942 en el año 2003 para desconocer la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dictadas por el Tribunal Supremo). También, reformando el Código Penal para criminalizar la disidencia y creando nuevas leyes, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, destinada a controlar el contenido en los medios radioeléctricos independientes.

El gobierno utiliza procedimientos de falsa participación ciudadana en diferentes actividades y decisiones de la vida nacional. Los llamados “comités de usuarios” creados en la Ley para la radio y la televisión son integrados mayoritariamente por Incondicionales del régimen y constituyen uno de los instrumentos para lograr la hegemonía oficial sobre los medios y el periodismo.

Ahora promueve, en el “Plan de la Nación 2.007-2.013”, “mesas técnicas de observadores de prensa, radio y televisión” y la “propiedad social” sobre los medios de comunicación. Dentro de este esquema de control exigirían también la difusión de “principios éticos”.

Sin embargo, la vocación democrática del pueblo venezolano prevalece aun cuando Chávez trata de imponer ideas y modelos extraños a su idiosincrasia, perversas formas de control social fundamentadas en la violencia, la impunidad, la corrupción, la exclusión, la negación del derecho al trabajo, el engaño, el miedo y la supresión de los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución.

Con el rechazo de la amplia mayoría del pueblo venezolano, registrado en encuestas, el Presidente pretende cambiar la Constitución que él propuso en 1999 y fue aprobada por votación popular, ordenando su reelección indefinida y legitimando un nuevo marco constitucional, calcado de la dictadura cubana. Además, quiere hacer desaparecer los medios de comunicación y toda posibilidad de democracia, libertad de expresión y de información, pluralismo, independencia, derechos individuales, control administrativo, evitar su futura rendición de cuentas.

Principales hechos en este período:
El informe de Venezuela en la Reunión de Medio Año celebrada el pasado mes de marzo en Cartagena, Colombia, resaltó la amenaza de cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), formulada por el Presidente en diciembre de 2006, quien esgrimió como razón una acusación política, “Ese es un canal golpista”. La amenaza se cumplió a la medianoche del 27 de mayo de 2007.

Todas las razones, protestas del pueblo contra el cierre, acciones judiciales, pronunciamientos de gran cantidad de instituciones e individualidades venezolanas, del sistema interamericano y del mundo fueron desestimadas.

El ministro de Información del régimen amenazó el día que se iba a ejecutar el cierre con “demandar a los medios de comunicación que califiquen el caso de RCTV como un cierre”.

El gobierno venezolano trató de negar la razón política del cierre de RCTV, explicando que se trataba del vencimiento de la concesión.

En contraste, fue renovada la concesión al canal oficial Venezolana de Televisión y al canal Venevisión.

La SIP calificó el cierre de RCTV como “un acto de barbarie y una represalia contra una voz crítica que le estorba al gobierno” y una misión internacional de la organización estuvo presente en la sede de la televisora el 27 de mayo.

Previamente al cierre y autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia, Chávez ordenó a la fuerza militar tomar las plantas transmisoras de RCTV en todo el país y sus equipos fueron confiscados, siendo utilizados actualmente para las transmisiones de un nuevo canal oficial.

Por su parte, Globovisión se ha constituido en un instrumento pluralista del pueblo para ejercer el derecho a la libertad de expresión.

El gobierno le ha negado a Globovisión sistemáticamente los permisos para nuevas frecuencias de transmisión, impidiendo extender su cobertura como televisión abierta. Mientras tanto, allegados al poder acaban de inaugurar un canal de noticias que anuncia cobertura nacional.

Globovisión enfrenta también 19 acciones judiciales en su contra, seis procedimientos administrativos sancionatorios y varias investigaciones penales ante el Ministerio Público, todas improcedentes y con claras motivaciones políticas.

El presidente Chávez anunció a finales de mayo que le “va a aplicar personalmente el mínimo” a Globovisión. Seguidamente, el Ministerio Público citó al director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, y al conductor del programa “Aló Ciudadano,” Leopoldo Castillo, luego de que el Ministro de Información los acusara de “incitar al asesinato del Presidente Hugo Chávez”. Ravell respondió que las acusaciones buscan justificar la intención de cierre del canal.

Opiniones de directivos de la SIP en Caracas con motivo del cierre del RCTV fueron calificadas por el Ministro de Información como “una injerencia en las leyes venezolanas, acusando a Globovisión de violar la Ley de Contenidos al transmitir declaraciones de la SIP.

El 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un comunicado manifestando su “preocupación por el progresivo deterioro del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela” y demandó al Estado Venezolano ante la Corte Interamericana “por violación de los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de trabajadores y periodistas de Radio Caracas Televisión.”

A solicitud de la Universidad Católica “Andrés Bello” y la organización “Reporteros sin Fronteras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está precisamente en estos días realizando audiencias para tratar la situación de Venezuela en lo relativo a institucionalidad y garantía de los derechos, discriminación política, situación de defensores, seguridad ciudadana e impunidad, así como la situación de las personas privadas de su libertad.

La Constitución venezolana reconoce como un derecho ciudadano el libre acceso a la información pública, pero el gobierno desconoce todos los días este mandato constitucional, impidiendo el acceso de los medios de comunicación a las fuentes oficiales.

Una encuesta que incluye a periodistas de prensa y televisión de todo el país que se desempeñan en medios independientes y oficialistas, indica que el 51% ha sido, en algún momento de los últimos 12 meses, impedido para acceder a una fuente oficial.

El régimen de Chávez no admite contrastar realidades.

A la información periodística y de investigación que revela la corrupción y la impunidad sin precedentes, la inseguridad ciudadana y la crisis de la justicia, la ineficiencia de los organismos del Estado, el alarmante deterioro de los servicios públicos y el desempleo, entre otras, el gobierno trata de enfrentarla con el cierre de las fuentes y una cartilla negadora de las realidades, repetida en complicidad de ocultamiento por el más alto hasta el funcionario de menor jerarquía.

Ataques, represión, descalificaciones y agresiones directas contra los comunicadores sociales y los medios de comunicación son la respuesta al requerimiento de información ante los entes públicos.

El régimen vigente de control de cambio para la conversión en moneda extranjera, instaurado desde febrero de 2003, alude a todos los sectores y actividades de la vida nacional.

La discrecionalidad sobre la autorización gubernamental para adquirir divisas es usada como herramienta política, y así sectores de la producción, están observando retrasos importantes para poder importar insumos como el papel periódico.

El cuantioso gasto en publicidad oficial del gobierno de Chávez, el que no tiene precedentes, sigue orientado al sostenimiento de medios oficiales, premiar la sumisión y la autocensura, así como tratar de penalizar al periodismo independiente.

El presupuesto del gobierno este año para crear y mantener medios de comunicación “alternativos” a su servicio es de casi 800 millones de dólares. Ejecutando un proyecto desarrollado con Cuba está agregando nuevas televisoras a las seis que ya pertenecen al régimen, como VTV, Vive TV, Asamblea Nacional, Avila TV, Telesur y TVes. Esta última ocupa las frecuencias que anteriormente tenía Radio Caracas Televisión y opera en todo el país utilizando los transmisores pertenecientes a RCTV.

Analistas estiman que el gobierno controlará aproximadamente 3.000 emisoras de radio.

Este año fue estatizada la más grande empresa de telecomunicaciones de Venezuela, que maneja voz, imagen y audio, telefonía móvil, fija e internet.

A todo esto hay que agregar la confiscación de los espacios de la radio y televisión por parte del Presidente Chávez, al obligar a transmitir en cadena sus largas intervenciones y mensajes ideológicos.

Como dijo el año pasado un alto personero del gobierno, “la hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución”.

Sin embargo, todos los canales del gobierno juntos no llegan al 20 por ciento de sintonía.

El régimen de Chávez se empeña en consolidar su proyecto con acciones sistemáticas para el control social asignando la mayor importancia a la hegemonía sobre los medios de comunicación. Requiere uniformar el contenido, los mensajes, deformar los valores y principios de la democracia y la pluralidad, tratando de desconectar al pueblo de la realidad nacional y universal e imponer un dominio intelectual y político semejante a la dictadura cubana.
Entre otros hechos de consideración que involucraron actos de violencia contra periodistas, se encuentran los siguientes:
El 30 de marzo, el presidente del Instituto Regional de la Vivienda del Estado Barinas demandó por supuesto delito de difamación al periodista Dimas Medina, corresponsal del diario El Nacional.

Al periodista Miguel Salazar, editor del semanario “Las Verdades de Miguel”, le dictaron, el 13 de abril, prohibición de salida del país acusado por difamación al gobernador del Estado Guarico.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible, el 16 de abril, una solicitud de avocamiento interpuesta por los abogados de Patricia Poleo, quienes alegaron “violaciones constitucionales y legales” en el expediente abierto contra la profesional por el caso Anderson. Patricia Poleo está exiliada en Estados Unidos porque el régimen de Chávez la acusó de autoría intelectual en el crimen del fiscal Anderson. El Ministerio Público no ha encontrado prueba alguna contra ella, pero mantiene el juicio en suspenso con la amenaza de que podría ser reabierto en cualquier momento, tal como lo ratificó el Fiscal General de la República el pasado 4 de octubre.

Habitantes del Estado Miranda repudiaron el 22 de abril el acoso a medios de comunicación y el allanamiento al diario La Región ejecutado por funcionarios del CICPC, quienes luego dijeron que se trató de una visita.
La periodista Gina Reyes Demeis, del diario El Carabobeño ,fue detenida por la Guardia Nacional cuando cubría protestas de trabajadores frente a una empresa en la ciudad de Maracay el 24 de abril.

El periodista Miguel Angel Rodríguez denunció ante la Fiscalía a un periódico del gobierno que promovió una campaña que pone su vida en peligro.

El periodista Walter Córdova, del diario La Prensa, resultó víctima de un presunto atentado el 3 de mayo, del cual acusa al gobernador del Estado Guarico.
El periodista Leocenis García, del semanario La Razón, denunció el 4 de mayo que está siendo acosado por presuntos efectivos de la Guardia Nacional debido a denuncias que ha publicado.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el 16 de mayo el atropello por la Policía Militar contra el reportero Gil Montaño, de El Universal.

La periodista Anuska Buenaluque, de la cadena peruana “América Televisión”, denunció a un medio de Lima que la Guardia Nacional de Venezuela le disparó balas de goma durante la cobertura de las protestas en Caracas, en la víspera del cierre de RCTV.

Amenazas personales, contra su familia y medios venezolanos independientes, denunció el 6 de junio el periodista Miguel Angel Rodríguez.

José Rafael Ramírez, periodista del diario Reporte de la Economía, fue detenido por el CIPC por presunta extorsión el 12 de junio.
El 14 de junio fueron agredidos la periodista Yurimar Añez y el camarógrafo Gilson Lucena, de la Televisora de la Costa, cuando cubrían manifestaciones en la ciudad de Puerto Cabello.
El Fiscal del Ministerio Público solicitó permiso para pedir al semanario La Razón los datos personales, apuntes, documentos, soportes físicos y magnetofónicos que usó el periodista Luis Felipe Colina para sus denuncias de corrupción en PDVSA.

Autoridades militares negaron acceso a reporteros de Globovisión al acto oficial de inauguración de Termo Zulia el 17 de junio.
El 27 de junio, un grupo afecto al gobierno arremetió contra periodistas del diario El Impulso cuando depositaban una ofrenda floral ante El Libertador en la ciudad de Barquisimeto con motivo del Día del Periodista.
La Alcaldía del Municipio Caroní, Estado Bolívar, ordenó restringir las ventas de periódicos el día en circulaba la edición aniversaria del diario Correo del Caroní.
El periodista y director de Noticiero Digital. com, Róger Santodomingo, renunció el primero de julio a su cargo denunciando amenazas contra él y su familia. Luego su vehículo apareció incendiado.

El 2 de julio fue demandado el periodista del Estado Táchira, Gustavo Azócar, por el diputado oficialista a la Asamblea Naciona,l Luis Tascón, responsable de la famosa “lista Tascón” utilizada por el régimen para la exclusión de cargos públicos de miles de ciudadanos que solicitaron el referendo revocatorio contra Chávez.

Un tribunal ordenó el 14 de agosto la captura del periodista Leocenis García, como parte de la investigación que se sigue al Jefe de Redacción del diario Reporte, José Rafael Ramírez.

Funcionarios de la Alcaldía del Municipio Bruzual, Estado Yaracuy, agredieron a golpes al periodista Wilmer Oquendo, del diario Yaracuy al Día, cuando tomaba fotografías al Alcalde y otros funcionarios que agredían a ex trabajadores del Municipio.

El Padre José Palmar, Jefe de Redacción del diario Reporte de la Economía, denunció el 20 de agosto que enfrenta persecución en su contra y también al periodista Leocenis García, por sus denuncias de corrupción en la industria petrolera estatal y consignó cajas llenas de documentos para sustentar sus informaciones ante la Fiscalía.

Oficialistas agredieron el 21 de agosto al equipo de RCTV Internacional, canal por cable, a las puertas de un tribunal, causando lesiones al camarógrafo Antonio Monroy. También fue agredida la periodista Iris García y el asistente de cámara Dennos Arenas.
El 11 de septiembre fue allanada la sede de la empresa “Imprenta Gráfica”, de Alejandro Poleo, hijo del editor Rafael Poleo, donde se imprimen las portadas de la revista Zeta. Actuaron funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar que buscaban “material subversivo” posiblemente representado por panfletos con argumentos contra la reforma constitucional que promueve el presidente Chávez para su reelección permanente.
El 17 de septiembre, un grupo desconocido de exaltados atacó la sede del diario “Panorama”, en Maracaibo, Estado Zulia.

El 2 de octubre fueron violentadas y registradas las oficinas administrativas del diario Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Había allí dinero y objetos que no fueron sustraídos.

El 8 de octubre el ministro del Interior y Justicia criticó la transmisión por Globovisión de un vídeo sobre la inseguridad en el que se observan atracos a pasajeros de vehículos en plena autopista. El alto funcionario calificó de “actitud perversa” la transmisión de estos hechos por Globovisión y señaló “co-responsabilidad de los ciudadanos que allí trabajan”. Asimismo, ordenó al Cuerpo policial de Investigaciones Científicas y Criminalísticas abrir una investigación contra el canal acusando de querer “subvertir la sociedad por la difusión de un vídeo con la actuación de atracadores.”
El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció en rueda de prensa, radio y televisión, que “con la reforma de la Constitución propuesta por el presidente Chávez desaparecerán los medios de comunicación independientes”. Dijo que “la reforma amenaza directamente la existencia de la propiedad privada porque incluye la expropiación sin sentencia firme, o sea, el gobierno podrá expropiar lo que le dé la gana y después hará los juicios; así podrá expropiar medios de comunicación”.

Durante esta asamblea general, el 13 de octubre, la SIP reiteró su “firme decisión de continuar los planes para realizar su Reunión de Medio Año en Venezuela, en marzo de 2008, “a pesar de las aparentes presiones gubernamentales por las que hemos tenido dificultades para contratar una sede para el evento”.

La SIP informó que se hicieron tratativas con hoteles de Caracas, Isla Margarita y Maracaibo, los que no prosperaron. La SIP dijo que “si bien no ha habido evidencia de presiones gubernamentales directas, se ha provocado un clima propicio para la autocensura empresarial”.

Ese mismo día, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, William Lara, manifestó que la SIP volvió a agredir a Venezuela y negó que el gobierno venezolano haya presionado a cadenas hoteleras para que preste sus instalaciones a una asamblea de esa organización, diciendo, por otra parte, que la censura es una práctica habital de los dueños capitalistas de medios”.

Lara reiteró que el gobierno “no presiona a los dueños de hoteles, pero sí rechaza que se quiera venir al país a difamar”.

Fuente:

http://mercury.websitewelcome.com/~sipiapa/informe.php?id=24&idioma=sp










Argentina: Informe sobre Libertad de Prensa – Octubre 2007 de la S.I.P.

El clima de libertad de prensa se ve deteriorado por la obsesiva tendencia del gobierno hacia la uniformidad de pensamiento, sin dar lugar al pluralismo de ideas. Los funcionarios de primera línea rehúyen de las conferencias de prensa y del diálogo directo con los periodistas.

Medios de comunicación y asociaciones de periodistas argentinos expresaron su crítica por ser excluidos de las conferencias de prensa o de los actos públicos que realiza la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el propio presidente Néstor Kirchner en su giras por Europa o Estados Unidos, aceptando en cambio entrevistas sólo con la prensa extranjera.

Ninguna referencia o información oficial se ha dado sobre el libre acceso a la información, que está vigente en diez provincias argentinas y en la Capital Federal. Para mantener la expectativa sobre este derecho constitucional, el Centro de Implementación de Políticas Públicas y el diario Clarín, con el apoyo de otras organizaciones, editaron una guía para que el público conozca, reclame y utilice su derecho de saber más acerca de los asuntos públicos.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha adoptado claras decisiones que tienen trascendencia institucional. El máximo tribunal se pronunció sobre un recurso de amparo presentado por el Diario Río Negro, luego de que el gobierno de Neuquén retirara en diciembre del 2002 su pauta publicitaria. Esta reacción fue consecuencia de una denuncia publicada por el periódico sobre la compra de voluntades en la Cámara de Diputados provincial.

El fallo de la Corte ha fijado criterios objetivos sobre la racionalidad y los recaudos para evitar la discriminación en la distribución de la publicidad oficial.
La sentencia considera que el gobierno de la provincia de Neuquén obró arbitrariamente al reducir sensiblemente la publicidad oficial con ese medio de prensa en diciembre del 2002 y suprimirla en enero del 2003.

El tribunal no se limita al aspecto económico, sino que lo encuadra en la esencia de la libertad de prensa. El criterio de la corte es que la supresión temporaria de publicidad oficial es un modo de censurar indirectamente una noticia del diario que era inconveniente para el gobierno y, por lo tanto, pidió al gobierno de Neuquén que en el plazo de un mes establezca criterios razonables para la distribución de la pauta publicitaria.

En disidencia votaron tres jueces. Los dos primeros indicaron que no se ha probado que la empresa periodística haya sido afectada económicamente, mientras que el magistrado restante consideró “que si bien los jueces deben evitar la restricción estatal o privada al normal despliegue de los órganos periodísticos, en el caso de la negativa a brindar publicidad oficial contra el pago de un precio en dinero es un asunto distinto, propio del riesgo del negocio”.

En cambio, el voto de la mayoría afirmó que se trata de afianzar la libertad de expresión y de protección a los medios para que exista un debate plural y no es necesario que se demuestre un daño o la asfixia económica. El gobierno no puede presionar a los medios de prensa lesionando la integridad del debate público, porque lesiona la libertad de prensa y el legítimo interés del Diario Río Negro y sus lectores a contar con la información de los actos de gobierno. La prensa libre no aspira a obtener una suerte de subsidio estatal, sino que los fondos públicos sean invertidos con racionalidad.

Editorial Perfil, que edita entre otras la revista Noticias y el semanario Perfil, inició en el 2006 un reclamo similar, ya que está excluida de la pauta oficial.

También en este ámbito judicial se produjo otro acontecimiento auspicioso con la inauguración de un centro de información judicial para conocer y discutir las decisiones que adoptan los jueces.

La actividad periodística ha tenido problemas varios, que afectaron incluso físicamente a profesionales de la noticia. También se sucedieron demandas y fallos judiciales que siempre perjudican o malinterpretan la misión profesional de los hombres de prensa.
El diario La Voz del Interior de Córdoba sufrió la acción violenta de algunos miembros del Círculo Sindical de la Prensa que pretendieron impedir la distribución de los periódicos La Voz y del Día a Día. Esta agresión fue denunciada penalmente.

El diario El Territorio de Misiones viene soportando desde hace tiempo una persecución por parte del gobierno ejercido por Carlos Rovira. Fue excluido de la pauta publicitaria. Las empresas del grupo sufren la misma acción persecutoria que el rotativo; el directorio de la empresa periodística fue denunciado penalmente por una investigación que llevó a cabo sobre la aplicación de un programa de ayuda social denominado Plan Nacer. Algunos dirigentes del sindicato de vendedores de diarios intentaron impedir la venta del periódico el 6 de abril pasado. El secretario de esta agrupación gremial es asesor rentado del gobierno. El 27 de julio fue incendiado intencionalmente el auto estacionado dentro del garaje de un corresponsal del diario y el 26 de septiembre el Jefe de Gabinete, acompañado de varios funcionarios, organizó una conferencia de prensa para atacar y amenazar a los directivos del El Territorio. El gobierno presentó varias denuncias penales contra miembros del periódico.

La publicación de importantes investigaciones periodísticas en este período electoral también afectó la relación de los medios con el poder. El caso de la bolsa de dinero encontrada en el baño de la ministra de Economía y el presunto cohecho en la administración de una obra de ampliación de un gasoducto por parte de la empresa sueca Skanska, fueron inicialmente imputados a exageraciones de la prensa hasta que las investigaciones judiciales establecieron la verosimilitud sobre ambos casos.

Pero uno de los hechos de mayor impacto para ejemplificar aquella tirantez fue la denuncia del Diario Clarín de Buenos Aires sobre los gastos de la Secretaría de Medio Ambiente. El rotativo provocó una reacción del Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Alberto Fernández, quien descalificó profesionalmente al autor de la investigación, el periodista Claudio Savoia, y criticó la información del diario.

La periodista Adela Gómez resultó herida con balas de goma disparadas por Gendarmería Nacional cuando reprimía una manifestación en Santa Cruz. El gendarme, autor del disparo, fue inmediatamente separado de esa fuerza, por orden del gobierno nacional.

El periodista Carlos Furman, que conduce el programa “Destapando Ollas” en la radio FM 2 de Octubre de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, fue encarcelado y golpeado en una comisaría por personal policial. La agresión se produjo luego de que el periodista informara sobre la existencia de 30 cadáveres no identificados en el cementerio de la ciudad y que uno de ellos podía pertenecer a una chica de 13 años que había sido secuestrada.

La directora de El Diario de Puerto Madryn, Marisa Rauta, fue absuelta de culpa y cargo en la querella que le iniciara un ex camarista del Poder Judicial por una nota que lo mencionaba como investigado por el Consejo de la Magistratura. El juez consideró que la protección del honor de las personas públicas debe ser atenuada cuando se discuten cuestiones relativas a la libertad de prensa en temas de interés público.

El gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero, promovió una querella por injurias contra el periodista Sergio Enrique Poma y el juez que entendió la causa le impuso una pena a un año de prisión y lo inhabilitó para ejercer su profesión. El Código Penal autoriza a los jueces a aplicar la sanción de inhabilitación para desempeñar una actividad o profesión, pero sólo es viable cuando dependen de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

Los periodistas Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación de Buenos Aires, y Jorge Fontevecchia, presidente de editorial Perfil, fueron amenazados en forma anónima a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. El diario La Nación sufrió acusaciones del gobierno en varias oportunidades por informaciones que no pudieron ser desmentidas.

Susana Alonso, directora del diario El Atlántico de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, denunció intimidaciones y robo en su vivienda de objetos electrónicos y documentación, luego que publicara una nota en el diario referida al llamado “ Juicio de la Verdad” que investiga los hechos acontecidos después del golpe militar de 1976. La justicia dispuso custodia policial permanente.

El diario El Sol de Quilmes de Buenos Aires fue condenado a pagar una elevada indemnización a una menor y familiares en un juicio por responsabilidad civil, confirmado por la Corte Suprema de Justicia, ya que los menores están tutelados contra intromisiones ilegítimas o arbitrarias a su intimidad. La denuncia contra El Sol surge a raíz de una declaración efectuada por la menor y su tutor cuando se presentaron en la redacción a comunicar que el juez le había otorgado la tenencia de la menor al tutor, que era su novio, porque su madre la obligaba a prostituirse. Luego de solucionadas estas imputaciones familiares, la madre, la hija y hermanos presentaron la demanda contra el diario. La abultada indemnización pone en riesgo la continuidad del rotativo.

Fuente:
http://mercury.websitewelcome.com/~sipiapa/informe.php?id=1&idioma=sp










Argentina: Peligra gravemente nuestra soberanía territorial marítima

 

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Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña pretende ahora usurpar más de 3.000.000 millones de km2 de territorio marítimo argentino, la Argentina no reacciona adecuadamente.

1) Todos los argentinos sabemos que en 1833, el Reino Unido usurpó 15.000 km2 de la superficie terrestre de las Islas Malvinas. Muy pocos argentinos saben que en 1991, el Reino Unido usurpó 438.000 km2 de la plataforma continental hasta las 200 millas de las Islas Malvinas; y que en 1993 usurpó otro 1.200.000 km2 de la plataforma continental en torno a las 200 millas de las Islas Georgias y Sándwich del Sur;

2) Tampoco ha sido suficientemente difundido que, en octubre del 2007, el Reino Unido ha anunciado que pretende extender al límite de las 350 millas la plataforma continental en torno a las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y la Antártica; lo que implica una superficie adicional estimada en 3.000.000 de km2. El Reino Unido basa esta nueva e ilegítima pretensión en considerarse “Estado costero” y anunció que hará su presentación en la Comisión de Límites de las Naciones Unidas, organismo que aprueba los reclamos de extensión de la soberanía sobre la plataforma continental hasta las 350 millas.

3) En todos los territorios marítimos usurpados el Reino Unido ya está ejerciendo ilegítimamente su plena soberanía, concediendo permisos de pesca y concesiones de exploración y explotación petroleras en territorios y aguas usurpados;

4) La Argentina aún no ha presentado su estudio de límites ante la ONU. Hasta hoy se desconoce el total de kilómetros relevados y la sistematización de los datos. La presentación de dicho relevamiento ante dicha Comisión, vence en el año 2009 y sus resoluciones son inapelables. La no presentación de dicho relevamiento implica la pérdida de nuestro derecho a las 350 millas de manera indefectible. La presentación tardía o incompleta o posterior a la británica priva al país de la iniciativa y lesiona, debilita o disminuye los intereses estratégicos, económicos y de todo orden del país, en un momento crucial de puja y disputa por los RECURSOS NATURALES.

5) Nos preguntamos si esta crucial tarea puede ser llevada a cabo en tiempo y forma por el Estado Nacional, desde el momento que ya hay serias dificultades logísticas y de abastecimiento de nuestras bases antárticas. Nos preguntamos ¿con que flota de aviones y/o buques se dispone para relevar tan inmensa superficie?. En concreto nos interrogamos si el rompehielos Almirante Irizar continúa desactivado desde abril pasado, sin mayores novedades de su reparación. Si el ARA Puerto Deseado sufrió incidentes en la Antártica en el mes de febrero. Si se dispone de aviones argentinos de enlace para comunicarse con bases antárticas. Si es cierto que la única aeronave TWIN Oter de la que disponía la base Marambio esta totalmente fuera de servicio y sería reemplazada por aviones extranjeros.

6) Contemporáneamente a estos gravísimos hechos, la Unión Europea se apresta a firmar el 13 de diciembre próximo en Lisboa un Tratado sobre su nueva Constitución, en cuyo texto se incorporan como Territorios de Ultramar a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Territorio Antártico Británico (en disputa con Chile y Argentina).

7) A pesar de estos gravísimos retrocesos, continúan vigentes los acuerdos y/o entendimientos provisorios derivados de los acuerdos de Madrid firmados en 1990, que han posibilitado al Reino Unido extender su jurisdicción de facto hasta hoy en más de 1.600.000 km2 mientras que la Argentina no ha conseguido NADA. Es decir ni un kilogramo de pescado, ni un litro de petróleo y ni un dólar de regalía o licencia de pesca para nuestro país.

Por todo ello, antes que sea demasiado tarde, exigimos un rotundo cambio de política exterior respecto a Malvinas para no seguir perdiendo terreno indignamente. Ese cambio debe contemplar entre otras a las siguientes acciones:
– Denuncia o finalización de los acuerdos y/o entendimientos provisorios derivados de los acuerdos de Madrid firmados en 1990.
– Una tarea efectiva de relevamiento de nuestras costas hasta 350 millas, para llegar en debida forma y tiempo a la presentación ante la Comisión de Límites de las Naciones Unidas.
– Una protesta formal ante la Unión Europea por la incorporación de territorios y denuncia de los tratados bilaterales de inversión con los países que apoyen el texto actual. Coordinación con Chile y resto de los países de America Latina.
– Plantear el tema Malvinas en el Plenario de la próxima Asamblea General de la ONU (desde 1990 la Argentina no presenta el tema Malvinas en la Asamblea General y solo lo hace en el Comité de Descolonización) rechazando la pretensión británica de ser considerado Estado Costero en el Atlántico Sur.
– Sanción de un proyecto de ley que disponga sanciones, dentro del territorio continental argentino, a las empresas privadas que inviertan y desarrollen negocios en los territorios del Atlántico Sur bajo coloniaje británico.
Los convocantes a esta conferencia anunciarán la constitución de un grupo de auditoria técnica de la gestión Malvinas, para controlar e informar a la opinión pública del grado de cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios responsables.
Movimiento Nacional Oro Negro
Ex trabajadores de YPF

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Fuente:
http://www.boletinargentino.com/index.php?p=1466











Argentina, Libertad de Prensa: El gobierno de Kirchner y la radiodifusión

Javier Torres Molina
Rebelión

Culmina el mandato presidencial de Néstor Kirchner y la Ley de Radiodifusión creada por la última dictadura militar continúa aún vigente y sin perspectivas concretas de que se modifique.

La norma decretada en 1980 lleva la firma del genocida Videla, está inspirada bajo la doctrina de seguridad nacional y se la califica como verticalista, centralista y autoritaria.
La ley de la dictadura excluye la participación ciudadana y de las instituciones públicas en los organismos encargados de la gestión y control de los medios de comunicación, le da poca preponderancia a los medios públicos y concibe a la radio y a la televisión como un negocio destinado a las empresas comerciales, al impedir que las asociaciones civiles sin fines de lucro o cooperativas puedan acceder a las licencias de radiodifusión.

Lejos de democratizar las comunicaciones a través de los instrumentos legales, desde 1983 los diferentes gobiernos –sobre todo el de Menem- realizaron reformas parciales a la ley que tuvieron como consecuencia la consolidación de un sistema de medios privado, cada vez más trasnacionalizado y concentrado a medida de los grandes medios que se fueron transformando en multimedios, en desmedro de los medios de comunicación independientes.

Pero a diferencia del actual gobierno, los anteriores presidentes surgidos a través del voto –me refiero a Alfonsín, Menem y De la Rúa- se tomaron el trabajo de elaborar cada uno su proyecto de ley de radiodifusión y por lo menos fingir que se quería encuadrar la norma elaborada por un gobierno de facto a la institucionalidad democrática, porque ninguno de esos proyectos alteraba sustancialmente el sistema de medios en Argentina.

Al igual que más de cuarenta proyectos de ley de radiodifusión que presentaron los legisladores en casi un cuarto de siglo de sistema democrático, esos proyectos se archivaron en el Congreso Nacional sin nunca ser ni siquiera discutidos, cuestión que sin dudas favorece a las actuales empresas privadas de los medios de comunicación.
La política de medios

La actual gestión presidencial se muestra a sí misma como si fuera el producto de una ruptura en relación a las políticas neoliberales que se implementaron en los ‘90. En ese sentido el único canal de TV que quedó en manos del estado después de la ola privatista –Canal 7- se presenta como el “canal público”, mejora la programación, invierte luego de muchísimos años dinero en equipamiento y abre nuevas repetidoras a lo largo del país.

Si bien esos aspectos contrastan claramente con el vaciamiento y con los intentos de privatizarlo que hubo durante la presidencia de Menem, está claro que no se trata de un medio de comunicación público en la acepción clásica del término, que implica una independencia de los poderes del estado y los intereses políticos, integrando claramente ese canal la categoría de medio oficial.

El gobierno argentino además interviene en el canal Telesur que impulsa Venezuela.
Cuando parecía que quedaban en la nada los debates y las propuestas generadas en América Latina hace más de treinta años a través de las Políticas Nacionales de Comunicación y luego la elaboración del Informe McBridge, que en el seno de la UNESCO denunció las asimetrías a nivel comunicacional que había entre los países centrales y los periféricos, proponiéndose distintas medidas de fondo que implicarían un Nuevo Orden Mundial en la Información y la Comunicación, que exista un medio de comunicación multiestatal, cuya información contrasta con la que se brinda desde los medios comerciales hegemónicos y que se conciba así mismo desde una matriz latinoamericanista como lo es Telesur, es la noticia más importante en la materia de los últimos treinta años, aunque las organizaciones sociales de Argentina que se enfrentan al actual gobierno tengan que pagar el precio de la invisibilidad.

Pero más allá de que desde el estado se participa del proyecto, el canal estatal dejó de transmitir hacia todo el país al mediodía –en transmisión simultánea desde Caracas y Buenos Aires- y a la medianoche emisiones diarias del noticiero de Telesur, condenando a que el canal solo se pueda ver a través de los sistemas privados de televisión por cable y satelital.

Precisamente en este último sistema luego de la señal de Telesur los usuarios argentinos tienen la posibilidad de sintonizar también el canal Globovisión, que se transmite también desde Venezuela, seguramente puesto así para “equilibrar” la información.
Las normas para los grandes medios

Las normas dictadas en materia de radiodifusión sirven como ejemplo para demostrar como en el gobierno de Kirchner se expresa un discurso diferente al neoliberal pero se continúan aplicando las políticas de los ’90.

Bajo el argumento de defender la cultura nacional, el gobierno sancionó la Ley de Defensa de los Bienes Culturales, que teóricamente ponía trabas a la adquisición de medios de comunicación por parte de empresas extranjeras. Pero como el país había firmado varios tratados de inversión recíproca y las normas operan hacia adelante esa ley no fue obstáculo para que este año canal 9 pase a manos de un empresario mexicano-norteamericano, dueño de varios canales en toda Latinoamérica.

Sí bien el Congreso Nacional derogó el obstáculo que impedía a las organizaciones comunitarias acceder a las licencias de medios, al no establecer cupos para emisoras de esa característica se compite en inferioridad de condiciones en las licitaciones con los grandes medios. También pasaron dos años de esa reforma y no se ha alterado el sistema de medios, en el sentido que siguen bajo las mismas manos y el gobierno otorgó solo dos licencias a organizaciones no comerciales.

Sin embargo, el hecho que grafica más claramente lo que fue la política de Kirchner sobre la radiodifusión fue la firma del decreto 527 del 2005 que suspendió los plazos de las licitaciones de los medios que se habían privatizado bajo el menemismo –casi todos- y que se estaban por vencer, por lo que esos adjudicatarios se vieron beneficiados con una renovación automática de las licencias por diez años más, perdiéndose una clara oportunidad de reconfigurar el sistema de medios en Argentina.

Los fundamentos el decreto hacían referencia a la disminución de la rentabilidad que los medios habían tenido durante la crisis económica y su alto endeudamiento externo. No se tuvo en cuenta que durante la década del ´90 el sector de las comunicaciones fue uno de los más dinámicos de la economía y que una vez que se devaluó la moneda nacional la abultada deuda en dólares fue pesificada.

Los grupos mediáticos aplaudieron esa decisión y el gobierno se garantizó así una prensa obsecuente.

Porque por más que existan columnistas de los medios más importantes que critiquen al gobierno las observaciones que se hacen siempre apuntan a la calidad institucional, el manejo personalista en algunos asuntos y sobre ciertos personajes impresentables.

Pero nunca en los medios aparecen cuestionamientos a la política de estado que permite el saqueo de los recursos naturales como son el suelo, el petróleo y la minería –que por sobre todas las cosas contamina- ni el aumento de la brecha que se produce entre los pocos que más ganan y la mayoría que cada vez tiene menos.

Por supuesto que tampoco se refleja las luchas de quienes se oponen y resisten a esas políticas.
Así, el gobierno elige como oposición a algunos editorialistas y los corre por izquierda, a la vez que desde los mismos medios de comunicación se desarrolla una agenda temática favorable al gobierno.

Poder, comunicación y movimiento social
Si bien cada lugar tiene su propia dinámica política, es interesante conocer como se da el debate en materia de radiodifusión en algunos países de la región.

Actualmente en Brasil se está discutiendo la creación de un medio público al mismo tiempo que vencen las concesiones de los principales medios. Si bien todavía no se conoce el proyecto y cual será su autonomía con respecto al gobierno, Lula ya tiene presupuestado 250 millones de reales para los próximos cuatro años para el medio público.

En tanto las organizaciones sociales agrupadas en la Coordinación de Movimientos Sociales (CMS) lanzaron una campaña exigiendo democracia y transparencia en la renovación de las licencias de TV. “Concessões de rádio e TV: quem manda é você” es la consigna elegida y ya se realizaron movilizaciones en once de las principales ciudades del país exclusivamente por ese tema.

Por su parte en Venezuela una vez vencida la concesión de RCTV el gobierno optó por crear TVes, (Televisora Venezolana Social), una televisión de servicio público.

El gobierno asumió así la potestad de no renovar una licencia –potestad que tiene cualquier gobierno, incluido el de Estados Unidos e Inglaterra que han ejercido ese derecho varias veces- y en el marco de una política más amplia de fomento a los medios públicos y comunitarios recuperó una frecuencia que estuvo durante 55 años en manos de grupos privados cuando la ley establece que las concesiones son por 20 años.

Por supuesto que todos los medios comerciales de todo el mundo expresaron que se trató de un ataque a la libertad de prensa, pero jamás se dedicaron a explicar que las frecuencias radioeléctricas no son propiedad privada sino que son un bien colectivo y el Estado es quién las administra.

Mientras en Venezuela el proceso de transformaciones sociales se contrapone necesariamente a los intereses de las empresas privadas y por ello los medios de comunicación comerciales atacan decididamente al gobierno bolivariano, en Argentina gobierno y prensa coinciden en un concepto: no alterar el sistema de medios que favorece a los grandes grupos privados nacionales e internacionales.

Si bien en el país hay iniciativas generadas como la del Foro Argentino de radios Comunitarias (FARCO) y otras organizaciones destinadas a democratizar las comunicaciones, esta temática es abordada solo en ámbitos académicos específicos y ni siquiera las organizaciones gremiales de prensa incentivan el debate, para no contraponerse a los intereses de sus patrones.

El debate sobre los medios está ausente en el conjunto de la sociedad – así pasó desapercibida la renovación automática de las licencias de los grandes medios- cuando lo que está en juego es el derecho humano a la comunicación, que se efectiviza a través del pluralismo informativo y comunicacional, con la posibilidad de que organizaciones que no buscan el lucro gestionen medios de comunicación social.

Mientras existan gobiernos que legislen a favor del mercado, el debate sobre el rol de los medios de comunicación, su propiedad y la necesidad de que los mismos estén en otras manos debe ser asumido por las organizaciones sociales, ya que no se trata (solo) de un problema comunicacional, sino que en este aspecto intervienen cuestiones mucho más amplias y que tienen que ver con las relaciones de poder y sobre quién tiene el derecho a expresar la palabra en Argentina

Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=59470










Argentina: Instalación de BASE NORTEAMERICANA en Tierra del Fuego

Mediante un decreto provincial el gobierno de Tierra del Fuego cedió tierras para la instalación de una base norteamericana que realizará ‘estudios nucleares con fines pacíficos’ y cuya instalación será en la ciudad de Tolhuin, que está en el centro de la isla.

TIERRA DEL FUEGO – PEDIDO DE AYUDA

Hola a todos,

Por favor, NECESITAMOS que se enteren de lo que está pasando en esta provincia del país. Este es un pedido de ayuda desde Tierra del Fuego, la provincia más austral de la República Argentina..

AMIGOS, LES PEDIMOS QUE DIFUNDAN ESTA INFORMACIÓN

Mediante un decreto provincial el gobierno de Tierra del Fuego cedió tierras para la instalación de una base norteamericana que realizará estudios nucleares con fines pacíficos’ y cuya instalación será en la ciudad de Tolhuin, que está en el centro de la isla.

Diferentes sectores nos estamos organizando para impedirlo, teniendo en cuenta que el decreto provincial es consecuencia de la ley que sancionó la Cámara de Diputados de la Nación, en el año 1998, ley que contempla en los anexos ‘que podrán realizarse explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos’. Por esta razón es que te solicitamos, aún sabiendo por donde cruza hoy la preocupación de todos, que en la medida de lo posible le den difusión a la prensa sobre esta grave situación en la provincia.

El gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, firmó el 26 de julio, el decreto Nro.1369, que autoriza la instalación de una base del Sistema Internacional de Vigilancia para la ‘Prevención y Prohibición de Ensayos y Explosiones Nucleares’. Invoca la ley nacional 25.022 del año 1998. El decreto habilita a los integrantes de esta base el libre tránsito por la provincia si así lo requieren para sus estudios. Esto fue conocido públicamente recién ahora. Como otros actos de gobierno, se realizó a espaldas del pueblo.

Decisiones como esta afectan gravemente a la provincia toda, y a la región. Más aún si tenemos en cuenta que la instalación de estas bases se impulsa desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En la O.N.U . se realizó el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos y Explosiones Nucleares: ya sabemos los pueblos americanos quiénes son los beneficiados y los perjudicados con estos tratados.

1) En mayo de este año, el presidente norteamericano anunció que su país pondría en marcha la construcción de un escudo defensivo, algo que desde distintos gobiernos (Alemania, China, Rusia) se ha denunciado como un peligroso paso a una nueva carrera armamentista.

2) Se han ido instalando bases en varios países latinoamericanos, como en Ecuador, Antillas Holandesas y pronto en El Salvador.

3) Se denuncia desde organizaciones internacionales y gobiernos, como Venezuela, Cuba y Brasil, que el Plan Colombia amenaza con extender la militarización – y el conflicto colombiano- a toda Latinoamérica.

4) El país del norte presiona permanentemente para implantar el A.L.C.A. Área de Libre Comercio de las Américas que, en la práctica, no será más que el libre tránsito de las empresas e intereses norteamericanos pasando por encima de Constituciones, leyes y pueblos americanos.

Nosotros decimos:
1) Que todo esto responde al delirio bélico de una superpotencia imperialista: los Estados Unidos que tiene al gobierno provincial a su servicio.
2) Que esta es una avanzada del nefasto A.L.C.A .
3) Que no podemos permitir -por nuestra historia, nuestra dignidad, nuestra identidad la presencia de esta avanzada imperialista en Tierra del Fuego, por lo que los fueguinos y todos los argentinos y latinoamericanos exigimos la derogación del decreto 1369/01 del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego Carlos Manfredotti.

SINDICATO UNIFICADO de los TRABAJADORES de la EDUCACIÓN FUEGUINA

Solo contamos con que esto sea conocido;

DIFÚNDANLO… . POR FAVOR !!!!

GRACIAS.
CIFOT
Centro de Investigación y Formación para el
Ordenamiento Territorial Departamento de Geografía
Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional de
Cuyo Mendoza – Rep. Argentina

Fuente:
http://argentina.indymedia.org/news/2007/10/558979.php








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Muserista

A perfect zone with some imperfections in itself :)

mariaraquelbonifacino

Escritora , L. sociólogía, poetisa uruguaya,poetry ,pintora,fotógrafa,conductora de TV. modelo

Angelino pan y vino

A quien pueda interesar.

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Poetry and Short Prose by Gabriela Marie Milton 2019 Author of the Year at Spillwords Press and Author of Passions: Love Poems and Other Writings

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Cogí un pedazo de silencio y le puse dos palabras y un suspiro. Añadir más no es necesario.

La prioridad eres tu.

Actitud positiva en mi contenido.

. . .

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